La Voz de La Verdad

ACTUALIDAD. EL ABORTO Y EL PURO SENTIDO DE LA JUSTICIA

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Por Sarai Jaramillo

Una de las razones del origen del derecho se encuentra en la regulación de las relaciones humanas, motivo que nos permite entender las diferentes ramas o dimensiones en las que el derecho busca establecer parámetros “justos” en el área laboral, procesal, civil, familia, comercio, entre otros, pero siempre dentro de la jurisdicción de un Estado. Al hacer mención al derecho internacional – en específico “Derechos Humanos” –, la manera de entender la dinámica de regulación de las relaciones sociales será desde una lógica externa al Estado; por causa de acuerdos o pactos, los países deciden crear estatutos generales que permitan orientar su acción o, a veces, limitarla, para el bienestar de esas relaciones sociales. En ese contexto nacen los derechos humanos como marco regulador que posiciona la dignidad de la persona humana como centro de todo lineamiento, además de realizar declaraciones para que cada Estado respete los principios acordados y no los vulnere.

Dentro de este marco, un derecho tiene asignado el rango de “poder” para uso y goce de la persona humana, estará limitado siempre y cuando no vulnere el derecho o poder de otra persona humana. Cuando recordamos el debate en torno a la despenalización del aborto en Chile es imposible no hacer mención a los Derechos Humanos. La realidad que busca normarse, en primer lugar, trata sobre personas: una madre cuyo embarazo reúne características de vulnerabilidad, un niño gestándose, una familia, un cuerpo médico, una sociedad. Sin embargo, al realizar el debate sobre aborto por causa de violación surge un punto de inflexión que nos llevará a revisar la verdadera raíz del problema.

Sin duda, uno de los acontecimientos que más profunda huella deja en el alma de una persona es el abuso sexual, sus consecuencias afectan áreas tanto psicosociales como de salud. Según las estadísticas entregadas por la cuenta pública 2014 de la Fiscalía Nacional, del total de denuncias por delitos sexuales, 21.543, el 82% corresponden a mujeres y según tramo de edad un 74% corresponden a menores de 18 años. La encuesta Adimark del año 2013 en relación Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señala que el promedio de edad en la cual un niño sufre una situación de abuso de este tipo es a los 10,5 años y el 50% se concentra entre los 10 y 13 años. Por lo tanto el abuso sexual en Chile afecta en mayor porcentaje niñas preadolescentes y son ellas quienes presentan una mayor probabilidad de estar en situación de embarazo vulnerable con riesgo de aborto.

Uno de los casos que encendió el debate en torno a la despenalización del aborto en Chile es el caso de “Belén”, la pequeña de ocho años que el año 2013 fue víctima de abuso sexual con resultado de embarazo. La situación causó una contingencia mediática, pero sorpresa causó cuando la niña, ante su difícil estado, valientemente decide continuar su embarazo. Ante casos como el de “Belén”, el papel de los medios de comunicación ha sido informar sobre una situación de abuso de este tipo para reabrir el debate y “despertar consciencia” en la sociedad, categorizando como reprochable el abuso apelando a la búsqueda de justicia, pero cuando el resultado de tan grave hecho provoca un embarazo, las opiniones tienden a separarse, porque el debate público en torno al embarazo por causa de violación se ha articulado en un asunto de derechos.

La discusión forma dos frentes, por un lado están quienes defienden la vida y derechos del niño que está por nacer, reconociéndole como un ser distinto pero igual en dignidad a la madre, mientras otro grupo con ímpetu busca proteger la situación de vulnerabilidad de la mujer afectada, otorgándole vías de escape como el aborto para ejercer sus derechos (salud digna, derechos reproductivos). Vemos una discusión pública orquestada en un “tira y afloja” sobre cuál argumento pesa más, pero que puede tener un punto crítico de inflexión.

Cuando existe una idea de legislar despenalizando el aborto por causa de violación en Chile se debe considerar que la causal afectaría mayormente a menores de 18 años y mayormente a niñas preadolescentes. Si la respuesta del gobierno a este problema social es plantear la posibilidad de realizar un aborto – inclusive a menores de 14 años – justificando que es una medida “terapéutica”, sería cometer un error garrafal. Según las estadísticas de la Fiscalía Nacional (2014), de los casos de denuncia por delitos de abuso, el 58% corresponden a agresores conocidos y, según Encuesta Adimak (2013), en cuanto a la relación de la víctima (niños, adolescentes) con su agresor, el 39,9 % corresponde a algún familiar.

¿Abortar soluciona los problemas familiares?, por supuesto que no. Serrin Foster (USA), una destacada activista feminista, señala que aun cuando defiende los derechos de las mujeres, reconoce que abortar no es una solución porque no borra la memoria y es un segundo acto de violencia hacia la mujer. Ella señala en una entrevista: “El aborto refleja cómo le hemos fallado a la mujer, y cómo la mujer se ha conformado con menos”[1]. Abortar cierra el camino

El progresismo, como bandera de lucha, al plantear el aborto terapéutico solo deja ver su trabajo por cumplir un mayor estándar de “desarrollo humano” a costa de ir eliminando “seres humanos”, olvidando sus esfuerzos por proteger la dignidad humana años atrás. Solo demuestra a una sociedad chilena que nuevamente ha caído en el engaño del utilitarismo, que se ha vuelto amante del materialismo no solo por consumo, sino debido a la ausencia de visión trascendente, que prefiere salir a marchar por la preservación de un hábitat natural que muchos otros seres humanos no podrían disfrutar. Es el engaño de un movimiento social por terminar con la “selección para ingreso a una educación”, por no discriminar, cuando de la misma forma se discrimina a un niño por el trauma que sufrió su madre y que, por lo tanto, no tendrá derecho a una educación que le permita crecer con nuevas herramientas ayudándole a no replicar la conducta de su padre. Reflexionar en ello nos hace preguntarnos ¿dónde están las prioridades de esta sociedad?

Chile se convierte en una sociedad que se ha acostumbrado a recibir soluciones rápidas a problemas profundos. Si no le incomoda que el “parche” de los problemas económicos familiares sea un “bono”, no le incomodará practicar un aborto a niñas embarazadas producto de situaciones de abuso sexual reiterado, los cuales, muchas veces, acarrean años sin ser denunciados. Por tanto, dar la alternativa de abortar por causa de violación es una propuesta miope, porque solo ve las ramas de un árbol cuyas raíces profundas están podridas desde mucho antes. Al ir más profundo, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), Chile es el tercer país del mundo en tasas de denuncia por abuso a menores. La Oficina señala que la tasa de denuncia por abuso sexual infantil va de cada 100 mil habitantes, con 68,5 casos en 2012 – fecha donde todos los países informaron de sus registros –, siendo estas cifras superadas solo por Suecia y Jamaica. Sobre la evolución de las cifras, UNODC señala que se observa para Chile un aumento de una tasa de 32,2 en 2006 a 68, 5 en 2012. Entonces, ¿por qué castigar con la muerte a un niño en gestación, por el fracaso de la gestión pública del Estado en torno a la protección de la niñez chilena?

El lamentable escenario al que nos enfrentamos como sociedad es de una terrible vulneración a nuestros niños y el de un crisis que atravies